Inacción judicial, mafia y lawfare. El intento de magnicidio contra la vicepresidenta rompió el pacto democrático desde 1983 y pone en jaque a la Democracia.
A un año del atentado magnicida contra Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa, las únicas certezas no tienen que ver con el esclarecimiento de una causa que lesiona en lo más profundo a la Democracia y provoca tal ruptura del pacto democrático que nos retrotrae a lo más oscuro de nuestra historia.
Las certezas más bien tienen que ver con la vigencia de aquello contra lo cual se debe seguir militando sin descanso: la impunidad de quienes quieren adueñarse del destino de nuestro país, la mafia judicial que opera sin descanso en defensa de los intereses del poder, el lawfare y sus delegados mediáticos que contribuyen a instalar odios irreconciliables en la búsqueda de naturalizar los peores actos de violencia.
La jueza María Eugenia Capuchetti mantiene una inacción vergonzosa y una lentitud en las decisiones que ofrece ventajas incomparables a cualquier testigo o imputado. Su reticencia a profundizar la “pista Milman” y a tirar del hilo de una posible madeja de relaciones asociadas con el macrismo y otros actores del poder, impide al día de hoy conocer a ciencia cierta detalles de la organización, el financiamiento, el estímulo y el apoyo táctico a quienes cometieron el atentado. En lugar de eso, mantuvo la hipótesis de los “locos sueltos”, muy alentada por el propio Mauricio Macri y sus laderos, que deja fuera varias líneas importantes para investigar.
Para este 1 de septiembre, el expediente no avanza mucho más allá de los pedidos de la querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que suelen ser denegados por el el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5. Los pedidos de apartamiento y recusación fueron también denegados. El fiscal Carlos Rívolo continúa en la causa, a pesar de ser sospechado de haber filtrado a la defensa de Gerardo Milman datos sobre la declaración de una de sus secretarias. El peritaje del celular del diputado PRO recién fue habilitado hace 15 días, por presión de una instancia superior a la jueza, es decir, un año después, teniendo en cuenta que nada más se supo del borrado de datos de los equipos de sus secretarias.
El 13 de junio, la jueza Capuchetti dispuso la elevación a juicio de los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y de Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copitos de azúcar, acusado como partícipe secundario. De esa manera la jueza clausuró parcialmente la instrucción de investigación del atentado incluso contra la opinión de la querella, que considera que “elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”, y deja fuera las posibles conexiones de este grupo con sectores del poder real y la posibilidad de identificar una red de acciones interconectadas que tienen su mayor exposición en las manifestaciones de las antorchas, las bolsas mortuorias y las amenazas frente al Instituto Patria.
No se avanzó en la pista de la relación entre la familia Caputo, estrechamente vinculada a Macri, y el grupo Revolución Federal, después de que se conociera que el carpintero recibido en YouTube, Jonathan Morel, embolsó al menos 14 millones de pesos pagados por Rosana Pía Caputo antes del intento de magnicidio.
Resta esclarecer el rol de la vecina Ximena de Tezanos Pinto, y sus vínculos con Gerardo Milman y Patricia Bullrich. Los abogados de Cristina, creen que sería el nexo entre Revolución Federal y los autores materiales. Esta señora se hizo conocida en los medios por desplegar en su balcón carteles contra CFK. El día del atentado colgó una bandera argentina. Le había alquilado una habitación de su casa a la abogada, Gladys Benita Egui, representante de los neonazis de Revolución Federal, quienes estuvieron en ese departamento antes del atentado y publicaron amenazas contra Cristina y la militancia.
El pasado 17 de agosto, casi un año después del atentado, la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del celular del diputado de Juntos por el Cambio –en licencia pero aún con despacho operativo- Gerardo Milman. El tribunal decidió, por mayoría, revocar la decisión de la jueza Capuchetti, que se negaba a peritar ese equipo que podría contener información útil para la causa si hubiera sido analizado a tiempo y no 11 meses después.
La Pista Milman surge cuando Jorge Abello, asesor del diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos), escucha a Milman decir, entre carcajadas, “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. Es 30 de agosto de 2022, dos días antes del atentado. Abello coincide, a mesas de distancia, con el diputado macrista y sus secretarias, en el bar Casablanca frente al Congreso.
Dos semanas antes, Milman había presentado un proyecto de declaración en el que pidió informes sobre la custodia de la vicepresidenta hablando de un supuesto autoatentado. “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina Kirchner para victimizarse”, argumentó en los fundamentos.
Abello declaró ante Capuchetti el 23 de septiembre. Cuando citaron a las asesoras de Milman, primero mintieron pero después confesaron que sus teléfonos habían sido borrados. Luego se conoció que el borrado se habría llevado a la práctica en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos, la ONG de Bullrich de Avenida de Mayo 953, y que el técnico encargado sería el jefe tecnológico de Juntos por el Cambio.
Milman se autoimputó en la causa nada más que para tener acceso al expediente judicial y adelantarse a las tácticas defensivas. Como dato pintoresco, designó como abogado defensor a Manuel Barros, que fue abogado de Gendarmería en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
No hubo profundización tampoco sobre los roles de Carolina Gómez Mónaco, una de las secretarias de Milman que ocupó un cargo relevante en Inteligencia Criminal durante el macrismo, de su socia, Alejandra Mroue, y de la joven panelista de Crónica, Delfina Wagner, contra quien los abogados de la vicepresidenta pidieron una nueva serie de medidas de prueba, tras conocerse, contado por ella misma en LN+, que actualmente vive en la vivienda de Tezanos Pintos. Los abogados piden investigar sus vínculos con Uliarte y Sabag Montiel, a quien entrevistó antes del atentado y envió mensajes posteriores al hecho. Para los abogados, Wagner podría ser el nexo entre “los copitos” y Revolución Federal. También se busca dilucidar sus vínculos con Hernán Carrol de la Nueva Centro Derecha y con Fernando Villarres, ex jefe de gabinete de Bullrich en Seguridad.
El 1 de septiembre de 2022, a las 20:50, el país vio en vivo y en directo cómo le ponían (y gatillaban) una pistola en la cabeza a la líder indiscutida de nuestro espacio y de este momento histórico. Fue en el contexto de varias manifestaciones de apoyo y amor luego de la excesiva, por extensa y teatral, exposición del fiscal Luciani para presentar el caso de una sentencia que, como había afirmado Cristina, ya estaba escrita. Así fue que días después, Clarín titulaba “La bala que no salió pero el fallo que sí va a salir”.
El intento de magnicidio contra la vicepresidenta quebró el pacto democrático establecido a partir de 1983, que había erradicado de la disputa política toda forma de eliminación del adversario. El retroceso que implica la naturalización y la impunidad del atentado provoca una herida de tal magnitud que pone en jaque a la democracia misma.
Fue el punto máximo de una campaña de violencia, estigmatización y deshumanización alentada desde los principales dirigentes opositores y apoyada por los medios hegemónicos y sus principales voceros, para facilitar e instalar la naturalización de la “eliminación del kirchnerismo”, un discurso que no solo no se agotó en ese hecho nefasto, sino que siguen instalando hoy, como principal fundamento de campaña, los exponentes de una derecha antipatria sin otras ideas que las que castigar al pueblo con más ajuste y represión.
