Repudiamos enérgicamente este nuevo escándalo institucional que pone otra vez de relieve las prácticas mafiosas del poder real en la República Argentina.
Los mismos jueces y fiscales que participan del lawfare contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aparecen vinculados con aprietes, dádivas, relaciones obscenas con el poder económico y mediático con el que acuerdan fallos a medida, encubrimientos de sus propios chanchullos, y amenazas y aprietes a quienes se interpongan en sus objetivos. Delitos flagrantes que quedan en evidencia en la difusión de un chat, posterior a una reunión en el sur del país, a la altura de las cumbres macristas en Olivos; que no hace otra cosa que confirmar lo que es una realidad que conocemos hace años.
Estas conductas confesas son inadmisibles y dañan profundamente nuestra democracia. Una República no puede servir a su pueblo si las instituciones están tan viciadas y manipuladas por intereses ajenos al bienestar popular.
Maniobras que salen a la luz en días en que se agita la obvia sentencia sin pruebas contra nuestra líder política con el objeto único de proscribirla, y en el contexto de los manejos aviesos del Poder Judicial para dominar a los organismos que deberían funcionar para controlar sus actos.
Repudiamos estos hechos mafiosos y exigimos una inmediata acción que reestablezca la credibilidad en la Justicia, caiga quien caiga y cueste lo que cueste.